VISTO: Lo dispuesto en los artículos 7,10 y 20 de la Ley de Puertos Nro. 16.246 de fecha 8 de abril de 1992 y los artículos 3, 54, 62, 65, 66, 77 y 78 del Decreto 412/992 de 1º de setiembre de 1992, que lo reglamenta.

RESULTANDO:

I) Que el artículo 7 de la citada ley dispone que compete al Poder Ejecutivo el establecimiento de la política portuaria y el control de su ejecución, así como que fomentará la descentralización de los diferentes puertos de la República.

II) Que el artículo 10 de dicha ley modifica el literal a) del artículo 9 de la Ley 5.495 de 21 de julio de 1916 asignando a la Administración Nacional de Puertos la administración, conservación y desarrollo del Puerto de Montevideo y de aquellos otros puertos que le encomiende el Poder Ejecutivo.

III) Que el artículo 20 de la misma Ley determina que los puertos estatales existentes fuera del Departamento de Montevideo, serán administrados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, excepto aquellos que el Poder Ejecutivo asigne a la Administración Nacional de Puertos.

IV) Que el artículo 3 del Decreto 412/992 establece los objetivos de la política portuaria nacional y en especial sus literales A), B), C) y G) se refieren al fomento de la economía nacional, mediante la prestación de los servicios portuarios con la máxima productividad, eficiencia y calidad; el logro de la mejor disposición económica y estratégica de los medios destinados al desarrollo de los puertos; la búsqueda de una mejor posición de los puertos uruguayos y el fomento de la descentralización de los puertos tendiente a la concreción de las aspiraciones de las comunidades locales, sin perjuicio de asegurar la coordinación de las actividades.

V) Que el artículo 54 del citado Decreto define los objetivos del régimen económico aplicable a la gestión portuaria, en especial en lo que se refiere a su carácter finalista.

VI) Que el artículo 62 del Decreto reglamentario dispone que las normas tarifarias y su nivel se establecerán teniendo en cuenta las características de cada puerto.

VII) Que el artículo 64 de dicho Decreto, al establecer los cometidos de administración de la Administración Nacional de Puertos se refiere en particular al mantenimiento de la actualización tecnológica y la competitividad de los puertos, a la elaboración y ejecución de un presupuesto anual y balance de ejecución presupuestal para el puerto de Monte ideo, y para cada uno de aquellos que le asigne el Poder Ejecutivo, así como a la optimización de la gestión económica y financiera de cada puerto, de forma que se cubran sus costos y se financie su conservación y desarrollo.

VIII) Que el artículo 65 del mismo Decreto, define las funciones y tareas de conservación de la Administración Nacional de Puertos.

IX) Que el artículo 66 del Decreto mencionado, al instituir las funciones y tareas de desarrollo de los puertos, se refiere a la elaboración de los planes directores de cada puerto para prever su desarrollo, así como a la búsqueda de nuevas oportunidades de prestación de servicios y expansión de los puertos tratando de interesar a los capitales requeridos para la inversión en mejoras y modernización portuaria.

X) Que el artículo 77 del Decreto señalado determina marco de administración de los puertos estatales.

XI) Que el artículo 78 del referido Decreto dispone establecimiento por el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Administración Nacional de Puertos, de plan de descentralización en los diferentes puertos de la República fuera del de Montevideo; la atribución de cometidos y facultades a quienes ejerzan funciones de Capitanía en ellos; el establecimiento de mecanismos presupuestales para identificación de ingresos y gastos de cada uno y la constitución de Comisión Honoraria los que determine el Poder Ejecutivo.

XII) Que la Administración Nacional de Puertos, haciendo uso del cometido de asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia portuaria y la posibilidad de elevar iniciativas al respecto, que le confiere la Ley de Puertos Nº 16.246, ha elevado al Poder Ejecutivo Resolución de su Directorio proponiendo la asignación al Organismo de determinados puertos.

XIII) Que la Dirección Nacional de Hidrografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha pronunciado al respecto.

CONSIDERANDO: Que dadas las razones de urgencia derivadas de la necesidad de mantener la continuidad de los servicios portuarios y su administración, resulta conveniente determinar quién ejercerá las competencias correspondientes en los distintos puertos nacionales y establecer los lineamientos de política portuaria al efecto, a fin de dar cumplimiento a los mandatos legales antes referidos y sin perjuicio de lo que resulte de la reforma portuaria en curso.

ATENTO: a lo establecido en los artículos 168 numeral 4 de la Constitución de la República y 10 de la Ley 16.246 de 8 de abril de 1992, que modifica la redacción de artículo 9º de la Ley 5.495 de 21 de julio de 1916.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

Artículo 1:
Encomiéndase a la Administración Nacional de Puertos las funciones de administración, conservación y desarrollo de los puertos de Fray Bentos, Nueva Palmira y Colonia, así como el muelle comercial del puerto de Juan Lacaze, con la parte de recinto portuario que se le asigne, en las condiciones que se disponen en este Decreto y para el cumplimiento de los objetivos de política portuaria nacional, establecidos o que se establezcan.


Artículo 2:
La Administración Nacional de Puertos elevará al Poder Ejecutivo, en el plazo de cuarenta y cinco (45) días desde la entrada en vigencia del presente Decreto, propuesta fundada para la designación de quién ejercerá las funciones de Capitán de Puerto, para los puertos de Fray Bentos, Nueva Palmira y Colonia.

La propuesta deberá recaer sobre persona notoriamente versada en los temas portuarios, que deberá estar radicada o radicarse en el Departamento del puerto respectivo.


Artículo 3:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 16.246, se constituirán Comisiones Honorarias en cada uno de los puertos en los que se desconcentren funciones de Capitanía de Puerto, cuya composición será, en consonancia con lo que establece el artículo 78 del Decreto 412/992, la siguiente:

A) Cuatro miembros del sector público designados por el Poder Ejecutivo, a pospuesta, respectivamente, de la Administración Nacional de Puertos, de la Dirección Nacional de Aduanas, de la Prefectura Nacional Naval y de la Intendencia Municipal respectiva.

B) Cuatro miembros del sector privado, designados por el Poder Ejecutivo: uno en representación de las empresas prestadoras de servicios portuarios; un delegado de los trabajadores del puerto respectivo, elegido entre los mismos; dos representantes de las entidades, empresas o asociaciones, de incidencia en la vida económica, dentro de la zona de influencia del puerto.

C) El Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá designar un representante para asistir a las sesiones de la Comisión Honoraria de uno o más puertos, con voz pero sin voto.

Los organismos a que hace referencia el literal A) precedente, elevarán su propuesta al Poder Ejecutivo en el plazo de cuarenta y cinco (45) días desde la entrada en vigencia del presente Decreto.

Las normas para la convocatoria, presidencia y funcionamiento de las Comisiones Honorarias de los puertos serán las mismas que rijan para la del Puerto de Montevideo.

Las actas de las sesiones de estas Comisiones, serán elevadas a la Administración Nacional de Puertos, quien remitirá copia de las mismas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.


Artículo 4:
La Administración Nacional de Puertos ejercerá las funciones encomendadas, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 77 del Decreto 412/992. En lo referente al inciso quinto del citado artículo, se entenderá que la uniformidad de los procedimientos y soportes documentales detendrá el sólo fin de mejora de la gestión y facilidad para los usuarios, pero que en ningún caso significará pérdida de las especiales características de cada puerto, ni de sus posibilidades de competir libremente, frente a los demás puertos nacionales y regionales, en la captura de cargas, establecimiento de nuevos servicios o mejora de los existentes.


Artículo 5:
En los puertos en los que se desconcentren funciones de Capitanía, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto, la Administración Nacional de Puertos establecerá un oficina comercial, con los cometidos que se asignan a los servicios correspondientes de su estructura central y coordinada con ellos.


Artículo 6:
La Administración de Nacional de Puertos establecerá el régimen económico de los puertos que se le asignan, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 16.246 y el Decreto Nº 412/992 que la reglamente, cuidando especialmente que el establecimiento de los niveles tarifarios de los puertos reflejen sus especiales características, en relación con una mayor competitividad de los mismos y la optimización de su gestión económica y financiera.


Artículo 7:
La Administración Nacional de Puertos elaborará y elevará a la aprobación del Poder Ejecutivo, de acuerdo con los lineamientos de política portuaria nacional, los Planes Directores y el Plan de Descentralización de los puertos que se le asignan.

Una vez redactados los citados planes y aprobados por el Poder Ejecutivo, competerá al Ministerio de Transporte y Obras Públicas su consolidación en el Plan General de Desarrollo Portuario, previsto en el artículo 4, literal D) del Decreto Nº 412/992.


Artículo 8:
Para asegurar la coordinación a que hace referencia el artículo 7 de la Ley 16.246, durante el primer trimestre de cada año, la Administración Nacional de Puertos elevará al Poder Ejecutivo una memoria de gestión de los puertos bajo su administración, comprensiva de las actividades desarrolladas en cada uno de ellos y de los datos consolidados que reflejan el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.


Artículo 9:
Con el fin de alcanzar la mejor asignación de los recursos que permita adecuados niveles de competitividad de los puertos, así como de posibilitar que los precios portuarios respondan a los costos efectivamente incurridos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas podrá, cuando las previsiones presupuestales lo habiliten y con cargo al Fondo de Inversiones (FIMTOP), destinar anualmente a los puertos que se le asignan a la Administración Nacional de Puertos en el presente Decreto y para aplicar a la funciones de conservación y de desarrollo de los mismos, fondos por un monto equivalente al vertido por la Administración Nacional de Puertos al FIMTOP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 12.950 de 23 de noviembre de 1961.


Artículo 10:
En los puertos de Salto, Paysandú y La Paloma, funcionará con carácter honorario, una Comisión de Desarrollo Portuario, con la tarea de asesorar al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, impulsar el desarrollo de las oportunidades y viabilidad de los posibles servicios a prestar, identificar necesidades a cubrir y canalizar las inquietudes de su zona de influencia.

Los miembros de la Comisión serán nombrados por el Poder Ejecutivo, en la forma siguiente:

A) Un representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que la presidirá.

B) Un representante de la Intendencia Municipal respectiva, en el caso de que ésta estime oportuno proponerlo.

C) Un representante de las entidades, empresas o asociaciones más representativas de la vida económica en la zona de influencia del puerto.

La propuesta de las Intendencias Municipales respectivas, se deberá producir en el plazo de noventa (90) días desde la entrada en vigencia de este Decreto.

El régimen interno de estas Comisiones será proyectado por ellas mismas, por mayoría de sus integrantes y aprobado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Las actas de las sesiones de estas Comisiones deberán ser elevadas al Ministerio de Transporte Y Obras Públicas.


Artículo 11:
El presente Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en dos (2) diarios de la Capital.


Artículo 12:
Comuníquese, publíquese, etc.